El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha dado la razón al Ayuntamiento de Totana en su dictamen del pasado día 14 de octubre en el que resuelve que el Consistorio no debe reintegrar a la sociedad "Inmonuar" los casi 2,5 millones de euros más intereses correspondientes al convenio urbanístico C-82 de El Raiguero.
El representante de la empresa "Inmonuar", Núñez Arias, recurrió a los tribunales para reclamar al ayuntamiento de Totana la devolución de los dos millones y medio de euros que entregó a las arcas municipales en los años 2006 y 2007 por este convenio urbanístico, que contemplaba una urbanización y que coincidió con la firma del mismo y laaprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana.
La alcaldesa de Totana, Isabel María Sánchez, y el portavoz del Gobierno municipal, David Amorós, ofrecieron hoy una rueda de prensa en la que explicaron los antecedentes y las consideraciones más importantes de los cincuenta folios de la citada resolución.
En la misma, el organismo jurídico regional considera ajustado a derecho la declaración de nulidad del convenio urbanístico de El Raiguero, la cual es preceptiva pero no vinculante, por lo que el proceso judicial continuará su curso.
La alcaldesa ha recordado que se cumplieron los procedimientos administrativos que en su día dictó el Consejo Jurídico de la Región de Murcia que ahora ha quedado refrendado y la Sala de lo Penal del TSJ que declaró ilegal este convenio y lo anuló en su día.
Además, ha reiterado que ahora se demuestra lo que ya se dijo hace un año, de que no se iba a admitir ninguna presión ni coacción de ningún particular que lesionase los intereses generales de los vecinos deTotana en relación a este convenio urbanístico.
Sánchez ha indicado que el dictamen no sólo ha dado la razón al Ayuntamiento en que no procede la devolución del dinero del convenio, sino que va más allá señalando que quedaría por determinar los daños y perjuicios que ha sufrido el Consistorio y los totaneros.
Al respecto, Amorós ha anunciado que el Consistorio se reserva emprender las acciones legales preceptivas por los daños y perjuicios que ha sufrido el Ayuntamiento y los vecinos de Totana.
La alcaldesa de Totana ha insistido en que se ha actuado con responsabilidad y lealtad institucional y ha subrayado que "no estoy dispuesta a saltarme la Ley aún a pesar del coste familiar y personal que acarrea esta situación procesal"; y reitera que "no voy a consentir que ningún individuo ni partido político insinúen otra cosa distinta a la realidad para obtener rédito político".
Ha recordado que en el momento en que se produjeron los hechos "yo ni estaba en la vida pública" y ha insistido en que "para abonar cualquier pago que realiza el Ayuntamiento, incluso una ayuda social, se requiere un documento de pago con el preceptivo informe suscrito por los técnicos municipales".
Esta cifra de 2,5 millones de euros del convenio ya quedó recogida en el presupuesto municipal del 2007 y ha recalcado su interés y el de su equipo de gobierno de cumplir con la legislación vigente.
La regidora ha dicho estar "muy tranquila" por confiar "plenamente en la Justicia" y ha afirmado "estar deseosa de que se aclare y se clarifique este tema para que no se dilate más en el tiempo porque su único interés es abogar por la defensa del interés general.
Sánchez ha pedido la dimisión inmediata de la concejal del PSOE, Belén Muñiz, por su deslealtad institucional y su falta de decencia política y por no defender los intereses generales de los vecinos, siendo la única corporativa que votó a favor del pago injustificado del dinero al empresario condenado por cohecho, anteponiendo los intereses particulares y saltándose la disciplina de voto de su grupo.
Asimismo, ha criticado la ambigüedad de los grupos de la oposición por estar "en tierra de nadie" en este tiempo y "no haber hecho un frente común" a la hora de defender los intereses del Ayuntamiento frente a las pretensiones desorbitadas de un condenado, con el único fin de desgastar política y electoralmente al Gobierno municipal y erosionar a la institución.
El promotor de esta sociedad denunció a la alcaldesa, Isabel María Sánchez, así como a la secretaria y al interventor municipales para exigir la devolución de este dinero, una denuncia que le hace estar imputada en un proceso judicial por un presunto delito de apropiación indebida junto con los últimos dos alcaldes deTotana.
